Si, como mercado digital suizo, aceptas fondos de clientes en una cuenta de plataforma propia —aunque sea de forma temporal—, es posible que estés recibiendo depósitos del público en el sentido de la Ley de Bancos (BankG). A partir de este momento, se aplican los deberes de autorización de la Autoridad Federal de Supervisión de los Mercados Financieros (FINMA) y las obligaciones de diligencia debida de la Ley de Blanqueo de Dinero (GwG). La alternativa regulatoria más segura para las pymes es un modelo de Split-Payment (pago dividido) a través de un Payment Service Provider (PSP) autorizado, en el que los fondos de los clientes nunca tocan el mercado digital.

Esta guía explica qué es una cuenta de plataforma, por qué los periodos cortos de retención no son una carta blanca, dónde se traza la línea entre el flujo de pago técnico y el flujo financiero legal, y qué alternativas tienen las pymes suizas.

1. ¿Qué es una cuenta de plataforma?

Por una cuenta de plataforma se entiende una cuenta bancaria que está a nombre del operador del mercado digital y en la que se reciben los pagos de los compradores antes de ser transferidos a los vendedores reales. El mercado digital recauda los fondos, deduce su comisión y transfiere periódicamente el resto a cada comerciante individual.

Este modelo es operativamente sencillo: una única relación bancaria, un único settlement (liquidación). Sin embargo, es precisamente esta sencillez lo que lo hace problemático desde el punto de vista regulatorio. Porque en el momento en que los fondos de los clientes —aunque solo sea por unas horas— se encuentran en una cuenta que no pertenece al destinatario final del pago, surge una responsabilidad legal sobre estos fondos.

El derecho suizo utiliza un término preciso para esto: depósitos del público. Y su aceptación, según el Art. 1 Párr. 2 de la BankG, requiere en principio una autorización.

2. Por qué «retener brevemente» no está exento de problemas de forma automática

Muchos operadores de plataformas argumentan que solo retienen temporalmente los fondos de los clientes durante unos días y que, por tanto, no están regulados. Esta suposición es errónea.

La excepción de los 60 días y sus límites

El Reglamento de Bancos (BankV) prevé en el Art. 5 Párr. 3 letra c de la BankV una excepción: los saldos acreedores en cuentas de clientes que sirvan únicamente para la liquidación de transacciones de clientes no se consideran depósitos, siempre que no se paguen intereses por ellos y no se supere el plazo de liquidación de 60 días.

Esta excepción parece adecuada, pero debe interpretarse de forma restrictiva. Presupone que los fondos se destinan exclusivamente a la liquidación, no a la financiación puente, ni como garantía, ni como flujo de caja operativo del mercado digital. En el momento en que el mercado digital utilice los fondos, aunque sea parcialmente, para fines propios o se agote habitualmente el plazo de 60 días, la excepción deja de aplicarse.

El problema de la actividad comercial

Además, entra en juego la cuestión de la actividad comercial: en cuanto un mercado digital acepta fondos ajenos de forma regular y planificada, actúa con carácter comercial en el sentido de la BankG. La circular FINMA 2008/3 «Depósitos del público en no bancos» concreta estos criterios. El umbral para considerarse actividad comercial es más bajo de lo que muchas pymes creen: por lo general, se alcanza a partir de 20 depositantes o con la publicidad pública para la aceptación de fondos.

3. Flujo de pago técnico frente a flujo financiero legal

En la práctica, el flujo de pago técnico y el legal suelen diferir fundamentalmente, y es precisamente aquí donde surgen los riesgos regulatorios.

Flujo técnico

El flujo técnico se refiere a cómo fluyen los datos y las instrucciones de pago entre sistemas: el comprador introduce sus datos de pago, la API de pagos procesa la transacción y la liquidación se realiza en una cuenta de destino definida. Técnicamente, este proceso se puede diseñar de cualquier forma.

Flujo financiero legal

El flujo financiero legal, en cambio, plantea la pregunta: ¿quién tiene el poder de disposición legal sobre los fondos en cada momento? Si el dinero llega primero a la cuenta del mercado digital, este tiene —independientemente de lo que digan sus términos y condiciones— el poder de disposición real. Teóricamente, podría utilizar los fondos para otros fines. Y es precisamente este poder de disposición el que activa las obligaciones regulatorias.

Un ejemplo concreto: un mercado digital de servicios profesionales recauda EUR 5’000 del cliente. Técnicamente, todo funciona a través de una API. Pero el dinero permanece durante 14 días en la cuenta de la empresa de la plataforma antes de que se pague al profesional. En estos 14 días, el mercado digital retiene fondos ajenos, con todas las consecuencias regulatorias que ello conlleva.

4. ¿Qué son los depósitos del público y qué es la licencia FinTech?

Depósitos del público según la BankG

Depósitos del público significa en el derecho suizo: fondos aceptados de un número indeterminado de personas. El Art. 1 Párr. 2 de la BankG prohíbe la aceptación comercial de depósitos del público sin licencia bancaria. El término engloba todas las obligaciones frente a clientes, independientemente de que se denominen «saldo», «monedero» o «cuenta de depósito en garantía».

La licencia FinTech (Art. 1b BankG)

Desde 2019 existe la licencia FinTech según el Art. 1b de la BankG. Permite la aceptación comercial de depósitos del público hasta un máximo de EUR 100 millones, siempre que estos no se inviertan ni devenguen intereses. Las instituciones con licencia FinTech están sujetas a la supervisión directa de la FINMA, deben estar organizadas como SA, sociedad en comandita por acciones o SRL y tener su sede en Suiza. El capital mínimo es de EUR 300’000 o el 3 % de los depósitos aceptados.

La licencia FinTech se creó para permitir a los modelos de negocio innovadores el acceso a un mercado regulado por debajo de la licencia bancaria completa. Sin embargo, para el operador de un mercado digital que solo desea procesar pagos entre compradores y vendedores, en la mayoría de los casos supone un esfuerzo desproporcionadamente alto.

La excepción Sandbox

Para volúmenes muy pequeños existe la llamada excepción Sandbox (Art. 6 Párr. 2 de la BankV): quien acepte depósitos del público por un total máximo de EUR 1 millón, no los invierta ni pague intereses por ellos, e informe por escrito a los depositantes de que no existe supervisión de la FINMA ni garantía de depósitos, no actúa con carácter comercial y no requiere autorización. Sin embargo, para la mayoría de los mercados digitales con un volumen de transacciones relevante, este umbral se supera rápidamente.

Comparación: Umbrales regulatorios y autorizaciones

5. Por qué las pymes no suelen querer una autorización propia

Para la mayoría de las pymes suizas que operan un mercado digital, contar con una licencia FinTech propia o incluso una licencia bancaria no es realista ni tiene sentido. Los motivos son muy diversos:

Costes: Solo el capital mínimo para una licencia FinTech es de EUR 300’000. A esto se suman los costes del proceso de autorización (tasas de la FINMA, asesores externos, sociedad de auditoría), los costes de supervisión continuos y la creación de una organización de compliance. Los costes totales reales para el primer año oscilan entre EUR 500’000 y más de EUR 1 millón.

Inversión de tiempo: El proceso de autorización en la FINMA suele durar entre seis y doce meses. Durante este tiempo, el mercado digital no puede operar según lo previsto.

Obligaciones continuas: Una institución autorizada debe contar con un sistema de control interno (SCI), contratar una sociedad de auditoría, informar periódicamente a la FINMA y mantener una gestión de riesgos, requisitos que son casi imposibles de asumir para un equipo de cinco a diez personas.

Sujeción a la GwG: Además de la autorización, al aceptar fondos ajenos se suele estar sujeto a la Ley de Blanqueo de Dinero (GwG). Quien preeste servicios de pago con carácter profesional se considera intermediario financiero según el Art. 2 Párr. 3 de la GwG y debe unirse a un organismo de autorregulación (OAR). Ser miembro de un OAR cuesta en la VQF, por ejemplo, unos EUR 2’000 en concepto de cuota de ingreso más las cuotas anuales corrientes y los costes de auditoría. Las obligaciones de diligencia debida (KYC, documentación, obligaciones de notificación al MROS) suponen un esfuerzo operativo adicional.

El punto central: el operador de un mercado digital quiere facilitar las transacciones entre compradores y vendedores y ganar una comisión por ello. Nadie debería tener que crear un casi-banco para conseguirlo.

6. Alternativa: Split-Payment de PSP

La solución regulatoria más segura para los mercados digitales suizos es un modelo de Split-Payment a través de un Payment Service Provider (PSP) autorizado. Con el pago dividido, el pago del comprador se divide directamente en el PSP: la comisión de la plataforma va a la cuenta del mercado digital, y el importe restante fluye directamente al comerciante. El mercado digital no toca los fondos de los clientes en ningún momento.

¿Cómo funciona exactamente el Split Payment?

Un ejemplo: en un mercado digital de productos regionales, un cliente pide productos por valor de EUR 150. El mercado digital cobra una comisión del 10 %. Al pagar, el cliente realiza el pago a través del PSP. Este divide el pago automáticamente: EUR 15 van al mercado digital (comisión) y EUR 135 van directamente al comerciante. El dinero nunca pasa por una cuenta del mercado digital.

Clasificación regulatoria

Dado que el mercado digital no acepta fondos de clientes, por lo general no se aplica la obligación de autorización según la BankG. Tampoco suele haber sujeción a la GwG con un diseño limpio, ya que el mercado digital no actúa como intermediario financiero. La carga de compliance recae sobre el PSP, que a su vez está regulado y asume las obligaciones de KYC para los subcomerciantes.

Comparativa: Cuenta de plataforma vs. Split Payment

7. Lista de comprobación: qué debes revisar antes de empezar

Antes de equipar tu mercado digital en Suiza con una solución de pago, aclara los siguientes puntos:

• ¿Quién es el receptor legal del pago: tu mercado digital o el comerciante? El riesgo de depósito solo se elimina si el comerciante lo recibe directamente.

• ¿Los fondos del cliente pasan por una cuenta propia de la empresa? En caso afirmativo: comprueba si existe una obligación de autorización según el Art. 1 Párr. 2 de la BankG.

• ¿Se retienen temporalmente los fondos? Y si es así, ¿durante cuánto tiempo? La excepción de los 60 días (Art. 5 Párr. 3 letra c de la BankV) debe interpretarse de forma restrictiva.

• ¿Quién verifica la identidad de los comerciantes (KYC)? Si realizas el proceso KYC tú mismo, es posible que seas intermediario financiero según la GwG.

• ¿Operas un modelo de monedero electrónico o de saldo? Los saldos en una cuenta de usuario pueden calificarse como depósitos del público.

• ¿Cuál es el volumen de transacciones previsto? Por encima de EUR 1 millón, la excepción Sandbox ya no se aplica.

• ¿Has sometido el modelo a una revisión legal? Se recomienda realizar una evaluación jurídica individual en cualquier modelo que toque fondos de los clientes.

• ¿Cómo se realizan los pagos a los comerciantes: de forma automática o manual? Los pagos manuales aumentan el tiempo de retención y, con ello, el riesgo.

• ¿Quién asume el riesgo en los reembolsos y contracargos? Aclara si tú o el PSP asumís la gestión de devoluciones.

Cómo procesar los fondos de los clientes conforme a la normativa con Payrexx

Payrexx ofrece una solución de pago para mercados digitales basada en el principio de Split-Payment. Como Payment Service Provider (PSP) suizo, Payrexx se encarga de dividir los pagos, del onboarding KYC de los subcomerciantes y de los desembolsos, incluyendo la compatibilidad con TWINT, PostFinance, tarjetas de crédito y facturas QR.

El operador del mercado digital define su lógica de comisiones a través de la API o del Dashboard y puede cobrar sus propias tarifas de transacción sin llegar a tocar los fondos de los clientes. De este modo, por lo general, se elimina la obligación de autorización según la BankG y la sujeción a la GwG, ya que la complejidad regulatoria recae sobre el socio regulado.